Un título de propiedad no es un contrato financiero; es un grillete de acero forjado en la sala de juntas. La propuesta de ceder un porcentaje directo de las grandes tecnológicas al Estado no es una estrategia de presión ni cabildeo. Es una transfusión de dependencia.
La corporación ya no necesita sobornar al político con un sobre lleno de billetes en un estacionamiento. Ahora le entrega un porcentaje accionario. El soberano, que debía regular el mercado, se convierte en socio del beneficio. Alinear los incentivos del Estado con la rentabilidad privada significa una cosa sencilla: al policía se le paga con el dinero de la mafia.
La anestesia del dividendo
Bajo la narrativa del "beneficio público distribuido", lo que se inyecta en la vena del sistema es un anestésico. Mientras el ciudadano ve cómo su oficio es reemplazado por un servidor de silicio y su realidad es gestionada por un algoritmo, el ministro revisa el dividendo de su cartera en la pantalla.
El descontento laboral no se disuelve con discursos, se neutraliza con rentabilidad. Si el Estado cobra porque la máquina despidió a diez mil trabajadores, el Estado no envía a los inspectores de trabajo. La fiscalización democrática se reemplaza por un cálculo contable.
La sociedad anónima de control
La inmunidad absoluta no se compra con lobos; se firma en un contrato de sociedad anónima. El que pone el capital pone las reglas, y el que cobra el dividendo se calla. El regulador se transforma en fogonero de la caldera ajena, vigilando que la presión del descontento no detenga la tracción de los beneficios corporativos.
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